El juez federal Esteban Furnari admite demanda contra DNU de Javier Milei y la registra como proceso colectivo.
El juez federal en lo contencioso administrativo, Esteban Furnari, ha admitido tratar como proceso colectivo la primera demanda presentada contra el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Javier Milei el miércoles pasado, y ha ordenado su inscripción en el Registro de Procesos Colectivos.
Esta decisión del juez es el primer paso en el proceso judicial y no implica un pronunciamiento sobre la admisibilidad del amparo o su procedencia. Sin embargo, eventualmente, el Estado nacional, como demandado, deberá responder a los cuestionamientos motivados por la firma del DNU, que tiene como objetivo desregular la economía. Para resolver esto, el juez deberá llevar a cabo una serie de medidas de prueba.
Al admitir un proceso colectivo, se evita que haya otras acciones individuales, ya que todas se concentran en un solo caso. En caso de que este proceso sea rechazado, la situación estaría resuelta para todas las personas involucradas.
El demandado en esta acción de amparo es el Estado nacional, y la entidad que presentó la demanda es la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad. La presentación también cuenta con la firma del economista y exdirector del Banco Nación, Claudio Lozano. Los dirigentes sindicales de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy y Rodolfo Aguiar, también han sumado sus firmas a la demanda, argumentando que el DNU viola derechos constitucionales.
La demanda sostiene que el DNU viola los principios de división de poderes, el bicameralismo establecido en el régimen constitucional, los principios democráticos y de corrección funcional que rigen en la Constitución. Además, afirma que el objetivo del DNU no es abordar una situación de emergencia coyuntural y transitoria, sino establecer un nuevo rumbo social y económico permanente para el país.
Esta no es la única demanda motivada por la firma del DNU. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez también ha presentado una acción declarativa de inconstitucionalidad y ha solicitado una medida cautelar. Por ahora, este otro proceso está a cargo del juez federal Pablo Cayssials, pero podría acumularse en el juzgado de Furnari.
La defensa del Poder Ejecutivo en estas demandas estará a cargo de Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro de la Nación y jefe de los abogados del Estado. Barra cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito del derecho administrativo y tiene un buen vínculo con Sergio Fernández, el camarista en lo contencioso administrativo con gran influencia en ese fuero.
Una vez que el juez de primera instancia resuelva esta demanda, se podrá apelar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y, finalmente, ante la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra en el asunto.
