Una amenaza adicional al gobernador Maximiliano Pullaro
El lunes se identificó una amenaza adicional contra Maximiliano Pullaro, el gobernador de Santa Fe. La sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Rosario fue el escenario de esta intimidación. Se está llevando a cabo una investigación para descubrir quiénes son los responsables de esta amenaza, que podría estar relacionada con una medida tomada la semana pasada: la demolición de búnkeres utilizados para la venta de drogas.
La constante gravedad de las amenazas
Al igual que se informó en LA NACION el pasado domingo, las amenazas constantes y su gravedad están causando preocupación tanto al gobierno provincial como a la propia víctima, el gobernador. Como medida de precaución, Pullaro decidió alejar a su familia de Rosario. El viernes pasado, se dieron a conocer dos amenazas más, visibles en pintadas en una escuela y un centro de salud. Ante esta situación, el fiscal de Estado, Domingo Rondina, las clasificó como un ataque contra la democracia y exigió que sean investigadas y juzgadas de esa manera. Además, solicitó a fiscales y jueces que actúen con rapidez y firmeza.
Posibles perpetradores
El fiscal Franco Carbone imputó la semana pasada a Francisco Riquelme, un narcotraficante que se encuentra actualmente en el penal federal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. Riquelme ha sido identificado como el autor intelectual de dos atentados y amenazas contra el gobernador. Las amenazas y atentados contra Pullaro parecen haberse originado a raíz de las medidas que tomó dos días después de asumir en los pabellones de alto perfil de la prisión de Piñero, situada a 25 kilómetros de Rosario. Allí se encuentran sicarios de Los Monos y de otras bandas, como la que dirige Riquelme, una figura prominente en la guerra narco en el oeste de Rosario.
Se ha sugerido que la razón detrás de las amenazas es que un mayor control en los pabellones donde se encuentran los narcotraficantes implica una pérdida de ingresos. Como resultado, Riquelme se enfureció. Según se reveló en la audiencia, mientras estaba en la Unidad Penal Nº1 de Ezeiza, amenazó a los directores de la cárcel.
Además del incremento del control a los presos de alto perfil, que afecta el negocio mafioso que opera dentro de las cárceles, otra medida que también genera fricción es la demolición de los puntos de venta de drogas. Esta es una medida que se empezó a implementar la semana pasada. Como resultado de estos controles más estrictos, este lunes se derribó una propiedad de Riquelme, así como la de su hermano.
El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, explicó que los búnkeres no funcionan de manera constante. Son ocupados temporalmente para la venta y no hay una presencia constante de personas en los puntos de venta. Las demoliciones se produjeron tras la sentencia de una jueza basada en los elementos probatorios presentados por el fiscal. Allí se constató la usurpación de la vivienda y se tomaron todas las precauciones necesarias para llevar adelante esta medida.
