A días de dejar el Gobierno y de posiblemente disolverse el área, el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) ha reconocido decenas de comunidades de pueblos originarios en distintas partes del país. En total, se han publicado 118 resoluciones este año, de las cuales 81 se realizaron después de las elecciones de balotaje que confirmaron a Javier Milei como presidente electo y, por lo tanto, la eliminación de este instituto, según lo anunciado por el libertario. Las decisiones se publicaron en el Boletín Oficial los días 30 de noviembre y 4 de diciembre.
El reconocimiento otorgado a estas comunidades les proporciona los insumos legales necesarios para la defensa de su asiento territorial, que podrían utilizar ante posibles intentos de desalojo. Además, el resultado del relevamiento realizado por el Estado también les permite solicitar servicios básicos como luz y agua, así como subsidios y la construcción de viviendas a los gobiernos. También pueden utilizar estos documentos para litigar en la Justicia y reclamar el dominio de sus tierras.
Las resoluciones del INAI certifican que se ha realizado un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas, de acuerdo con la ley nacional de emergencia para el reconocimiento de estas comunidades. Esta ley fue aprobada en 2007 y prorrogada en 2021. En las resoluciones se reconoce la ocupación “actual, tradicional y pública” de las comunidades en sus respectivas provincias, y se delimita el territorio sobre el que se asientan mediante un mapa.
Según lo establecido por la normativa, estas resoluciones otorgan a las comunidades un informe legal que incluye los antecedentes legales, la información catastral y el dominio sobre la tierra relevada. Además, el Gobierno ofrece estrategias administrativas y judiciales para apoyar sus reclamos sobre el territorio. La carpeta técnica entregada por el INAI es una herramienta que, en un futuro, podría facilitar la regularización de las tierras a través de una ley de propiedad comunitaria. Además, se proporciona a las comunidades información sobre su situación actual, así como cartografías y un informe histórico antropológico.
Durante la gestión del Frente de Todos, se han realizado 221 reconocimientos de comunidades indígenas. Más de la mitad de estos reconocimientos se realizaron en el último año de gestión (118) y más de un tercio en los últimos 16 días (81).
El INAI ha explicado que los reconocimientos se publicaron en este momento porque en febrero se habían discontinuado debido a tres denuncias penales presentadas contra el presidente del Instituto, Alejandro Fabián Marmoni. Estas denuncias fueron realizadas por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, por abuso de autoridad, y por Miguel Ángel Pichetto, por traición a la patria. Además, hubo una tercera denuncia presentada por legisladores de Juntos por el Cambio.
Las causas judiciales fueron archivadas entre el 11 y el 13 de agosto, lo que llevó al INAI a volver a publicar los reconocimientos. Según los registros analizados, hubo una reactivación de las disposiciones del organismo en agosto, con 21 resoluciones en ese mes, pero no se confirmaron reconocimientos en septiembre y octubre. La mayoría de las resoluciones se realizaron después de que el gobierno de Alberto Fernández perdiera las elecciones, a partir del primer día hábil posterior al balotaje (21 de noviembre).
Según fuentes del INAI, todavía quedan 40 reconocimientos pendientes de publicar, los cuales serán gestionados por la próxima administración. Sin embargo, el presidente electo, Javier Milei, ha anunciado que tanto el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) como el INAI serán eliminados en la reorganización del Ministerio de Justicia.
Las comunidades reconocidas pertenecen a identidades como los mapuches, guaraníes, tastiles, qom, chorotes, wichis y diaguitas, y se encuentran en provincias como Chubut, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Algunas de estas comunidades han estado involucradas en bloqueos y cortes de ruta recientemente. Un ejemplo es la Comunidad Lof Newen Mapu, cuya resolución fue publicada el 23 de noviembre y en la que se admite la posesión de un edificio en Neuquén, según publicaciones en redes sociales.
