Rafael Ángel Carrillo Rodríguez estableció su residencia en la Argentina tras su migración desde Venezuela. Se asentó en una pensión en Quilmes, cerca de un supermercado en donde encontró empleo como repositor. Poco después renunció con la intención de convertirse en guardia de seguridad, y posteriormente se interesó en el negocio de las criptomonedas. En medio de la pandemia de Covid-19, en octubre de 2020, formó parte del secuestro del dueño del supermercado que le había contratado. Fue el cerebro del plan, pero antes de ser capturado, huyó a su país natal, donde fue finalmente detenido. Aunque se solicitó su extradición, no se concretó y, tras confesar su participación en el secuestro y cautiverio de Javier Moscuzza, fue sentenciado a 13 años y cuatro meses de prisión.
Según fuentes cercanas a la sentencia contra Carrillo Rodríguez, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 de La Plata iniciará el juicio contra otros cuatro presuntos participantes del secuestro extorsivo el próximo martes: Jean Carlos Rivero Márquez y Junior Argenis Páez Peña, de nacionalidad venezolana, Jesús Teodosio Ramos Paz, un supuesto narcotraficante nacido en Perú, y Matías Avellaneda. El Ministerio Público será representado por el fiscal Rodolfo Molina.
El pago del rescate en criptomonedas
Moscuzza, la víctima, permaneció en cautiverio durante cinco días. Su horroroso calvario terminó después de que su hermano realizara cuatro transferencias de bitcoins, la criptomoneda más popular, sumando un valor de 65.000 dólares. Este es un caso sin precedentes en la historia de los secuestros extorsivos en Argentina, no sólo por el pago del rescate en criptomonedas, sino porque las comunicaciones de extorsión se realizaron desde Colombia a través de WhatsApp.
Después de la terrible experiencia, el dueño del supermercado, junto a su esposa e hijos, abandonaron Argentina y ahora residencia en el extranjero. “Carrillo Rodríguez llegó a la Argentina prácticamente sin nada, y yo le ofrecí trabajo”, reveló Moscuzza a LA NACION en septiembre de 2021, casi un año después del secuestro. Planea testificar en el juicio a través de Zoom. Su hermano Pablo, quien pagó el rescate, y su esposa serán testigos cruciales en el juicio.
Después de confesar su participación en el plan delictivo, Carrillo Rodríguez fue condenado a 13 años y cuatro meses de prisión por los delitos de secuestro y “porte ilícito de arma de fuego”, según informaron fuentes judiciales a LA NACION.
Cuando Moscuzza conoció a Carrillo Rodríguez, este vivía en una pensión cerca del supermercado de Quilmes. Lo contrató como repositor desde el 6 de septiembre de 2017 hasta el 31 de julio de 2018. “Como empleado no puedo decir nada, trabajaba”, recordó el empresario.
Carrillo Rodríguez dejó su empleo con Moscuzza porque quería conseguir trabajo como guardia de seguridad. Hizo los trámites en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, ex Renar) para ser usuario legítimo de armas de fuego y consiguió los permisos, según Moscuzza.
Al no encontrar trabajo como guardia de seguridad, Carrillo Rodríguez solicitó nuevamente empleo a Moscuzza, pero este le informó que ya había contratado a otro repositor. Sin embargo, lo recomendó a su hermano, propietario de una empresa constructora, donde trabajó durante tres o cuatro meses.
Carrillo Rodríguez dejó de trabajar para el hermano de Moscuzza porque dijo que se iba a dedicar al negocio de las criptomonedas. En ese momento estaba de novio con la encargada del supermercado, que también renunció con la misma intención. Tuvieron un hijo juntos.
La víctima fue secuestrada el 13 de octubre de 2020. Moscuzza fue liberado cinco días después, a las 10. Para ese momento, su hermano había transferido 65.000 dólares en criptomonedas. La investigación ya se había iniciado cuando la víctima estaba cautiva, tras la denuncia de la familia.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, que contó con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), hoy Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), dirigida por Santiago Marquevich, y de detectives de la policía bonaerense y la Policía Federal Argentina (PFA).
“Durante el periodo de tiempo que la víctima estuvo privada de su libertad, los captores grababan videos como prueba de vida. Los mensajes extorsivos eran enviados por WhatsApp a una línea telefónica de Colombia desde donde, posteriormente, lo enviaban al teléfono del hermano de Moscuzza, a quien exigían dinero por su liberación”, explicó el juez federal de Quilmes, Luis Armella, cuando procesó a dos supuestos integrantes de la banda.
La fiscal Cavallo y los detectives policiales lograron ubicar la casa en la localidad platense de Los Hornos donde había estado cautiva la víctima. En un allanamiento, los investigadores secuestraron un machete que fue reconocido por el supermercadista como el elemento que sus captores utilizaron para amenazarlo.
“Cuando les decía que si me liberaban les podía conseguir más dinero, hablaban entre ellos y llegaron a decir que se habían equivocado, que tendrían que haber secuestrado a mi esposa para que yo pagara”, sostuvo Moscuzza en la citada entrevista con LA NACION.
El juicio tiene previstas 12 audiencias entre el 27 de este mes y el 9 de abril próximos.
