La emocionante vida aérea del presidente Milei.
Recientemente, el presidente Javier Milei tuvo un viaje a Estados Unidos donde fue invitado a disertar en la conferencia anual de Sun Valley. Para este viaje, decidió alquilar un lujoso jet privado por la suma de 350.000 dólares. Y ahora, nuevamente, en su viaje a Francia, optó por utilizar la misma estrategia de alquilar una aeronave por un precio similar. Esta vez, el avión fue alquilado a la empresa Flyzar, propiedad de Gustavo Carmona, un empresario con vínculos cercanos al kirchnerismo. Cabe destacar que la aeronave utilizada por el presidente es propiedad de Gerardo Eskenazi, miembro de la familia que fue dueña de YPF.
Por otro lado, surge la pregunta sobre qué pasa con el ARG-01, el avión presidencial que permanece inactivo en la cabecera sur de Aeroparque. Detrás de esta historia hay sospechas de intereses ocultos, desidia, desconocimiento y otros factores que han llevado a que la aeronave, por la cual el Estado pagó varios millones de dólares, no pueda volar. La burocracia y las malas decisiones de funcionarios de la gestión anterior son las razones que explican por qué el ARG-01 sigue en tierra. A continuación, se detalla la crónica de la falta de profesionalismo que ha generado un gran costo para el Estado.
La historia del nuevo avión presidencial comenzó hace tiempo, cuando el gobierno de Alberto Fernández inició el proceso de compra. Desde mayo del año pasado, cuando la aeronave realizó una pasada rasante por el aeropuerto, todo fue una complicada trama. Sergio Massa y Máximo Kirchner fueron los primeros en utilizarla en un viaje a China, luego Alberto Fernández la utilizó y finalmente fue Milei quien la empezó a utilizar. Sin embargo, en la actualidad, el avión no puede volar.
La razón es que solo tiene licencia para un último vuelo hacia un taller donde se debe realizar una inspección mayor llamada “1C Check”. Sin embargo, no se programó dicha inspección con anticipación, hubo una licitación sospechosa que fue anulada y nadie solicitó el turno para realizar la revisión. Como resultado, el Presidente se quedó sin avión y se estima que esta situación se prolongará durante varios meses. Una serie de errores y sospechas de corrupción han puesto en una situación complicada al Gobierno, mientras el costo recae en el Estado.
En esta situación, hay algunos nombres involucrados. Por un lado, está Florencia Gastaldi, a cargo de la Dirección General de Logística, un organismo encargado de la gestión de la flota aérea presidencial. Por otro lado, está Luis Pinto, un piloto que solía transportar a Fernández y que dejó su cargo en noviembre pasado. A estos se suma Agustín Expósito, un joven sin experiencia en flota de aviones, que llegó al Gobierno gracias a su relación con María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General y una de las funcionarias más cercanas al Presidente. Todos ellos son los responsables del ARG-01, que ahora se encuentra inactivo por un tiempo indefinido.
Gastaldi, abogada de 36 años, ingresó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en 2011, recomendada por el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón. A lo largo del tiempo, fue ascendiendo hasta llegar a ocupar el cargo de directora General de Logística. Sin embargo, su designación generó controversia debido a la falta de experiencia técnica en el área. Antes de su llegada, el avión presidencial contaba con tres helicópteros y tres aviones. Después de asumir su puesto, Gastaldi se encargó de manejar esta flota.
Antes de renunciar, el anterior responsable del avión presidencial inició un proyecto para realizar la inspección mayor “1C Check”, ya que este tipo de revisiones requiere una planificación anticipada. Sin embargo, Gastaldi dejó pasar el tiempo y recién el 1 de diciembre de 2023, una semana antes de que finalizara la gestión de Fernández, abrió una licitación para cotizar la inspección. Las empresas tuvieron solo cuatro días hábiles para presentar sus propuestas, lo cual generó sorpresa y sospechas. Curiosamente, solo una empresa logró cumplir con el plazo: Xtreme Aviation LLC. Esta situación irregular dio lugar a una denuncia penal presentada por el abogado Pablo Noceti, exfuncionario de Patricia Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri.
Finalmente, se anuló la licitación y se abrió otra. El tiempo pasaba y el avión continuaba volando al servicio del Presidente. En marzo, venció el certificado de aeronavegabilidad entregado por Boeing, el fabricante del avión. Gastaldi y los funcionarios de la Fuerza Aérea pidieron una extensión del certificado, la cual fue concedida por un poco más de tres meses. Sin embargo, esto representa solo el 10% de la duración del certificado original, que es de tres años.
En abril, se presentaron nuevas denuncias penales contra Gastaldi, acusándola de alquilar espacios de la plataforma del Aeroparque. También se le imputó haber realizado negociaciones incompatibles utilizando su influencia para separar del cargo al responsable de Control del Fuego. En medio de todo esto, Milei utilizaba el avión en varios viajes. Mientras tanto, se inició una nueva licitación para la revisión mayor. Varias empresas presentaron sus propuestas, pero según fuentes allegadas, Commercial Jet Inc era la única que cumplía con los requisitos técnicos. Sin embargo, Gastaldi la desestimó por un detalle en el mantenimiento de la oferta y la licitación fue declarada desierta.
En medio de este proceso, un individuo cercano a los funcionarios encargados de los vuelos presidenciales habría intentado influir en una empresa en Estados Unidos para asegurarse la adjudicación. Sin embargo, no tuvo éxito y la licitación fue cancelada. Finalmente, el 25 de junio, el ARG-01 aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery y, al día siguiente, venció el certificado de aeronavegabilidad, dejando el avión inoperativo. Ahora se necesitarán otras intervenciones, como contratar un servicio de preservación de la aeronave.
Fuentes oficiales del Gobierno aseguraron que el avión no permanecerá inactivo por mucho tiempo y que no se permitirá que se deteriore. Además, confirmaron que la Fuerza Aérea está trabajando en conjunto con los funcionarios civiles para resolver esta situación. También se mencionó que Gastaldi fue ratificada en su puesto debido a su idoneidad. Respecto al individuo que se presentó en Estados Unidos como el responsable de asignar la licitación, se informó que era una persona que trabajó con Alberto Fernández y que realizó gestiones con varias empresas. Por último, se consideró que la culpa de esta situación recae en el gobierno anterior, ya que adquirieron un avión que estaba cerca de vencer su certificado de aeronavegabilidad.
