El juez federal Julián Ercolini realizó nuevos allanamientos en la causa en la que investiga al expresidente Alberto Fernández, acusado de interferir en los seguros contratados por las dependencias del Estado. En un lapso de cuatro años, se pagaron comisiones por 3250 millones de pesos a intermediarios. Los allanamientos tuvieron lugar en varios domicilios vinculados a Héctor Martínez Sosa, un broker cercano al expresidente y esposo de María Cantero, exsecretaria privada de Fernández.
Durante los allanamientos, el juez buscaba computadoras pertenecientes a Martínez Sosa, ya que se descubrió la existencia de listados de claves y usuarios durante la investigación. Sin embargo, no se encontraron dichos dispositivos, solo se secuestró un teléfono celular que será peritado para analizar su contenido y llamadas.
Además del teléfono, se incautaron documentos y papeles que se suman a las pólizas ya presentes en el juzgado federal. Entre los lugares allanados se encuentra una propiedad en Nordelta, según una fuente de la investigación, y otros domicilios relacionados con el empresario.
Estos allanamientos fueron dispuestos después de que la Cámara Federal confirmara a Ercolini como juez de la causa, rechazando una recusación presentada por Alberto Fernández. El expresidente argumentaba que, al haber denunciado a Ercolini anteriormente, tenía temor de parcialidad por parte del juez en su contra.
Sin embargo, la Cámara también levantó la inhibición general de bienes que Ercolini había impuesto a Fernández. Esta decisión fue tomada por los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, con la disidencia de Martín Irurzun. Boico, en forma unipersonal, confirmó a Ercolini al frente de la investigación.
La Justicia está investigando si Alberto Fernández y su exsecretaria intervinieron para que los seguros de las dependencias del Estado se contrataran a través de la empresa de Martínez Sosa. También se investiga si Fernández, al dictar un decreto que obligaba a los organismos estatales a contratar pólizas con Nación Seguros, buscaba beneficiarse o beneficiar a algún empresario del sector.
En particular, se está indagando el rol de los brokers Bachellier, Martínez Sosa y Cia, y Castello Mercuri SA en la contratación de estas pólizas. Además, se profundizó la investigación sobre la empresa de Martínez Sosa y su entorno debido a que le prestó 20.000 dólares a Fernández, que nunca fueron devueltos, y a que su esposa, Cantero, era la secretaria privada del expresidente.
En relación a este caso, Martínez Sosa emitió un comunicado en el que niega haber solicitado la intervención de Fernández en sus negocios y asegura que la relación entre ambos se limita a un préstamo no devuelto y registrado en las declaraciones juradas de ambos.
La relación entre Martínez Sosa y Fernández ha sufrido un distanciamiento. Ya no es la misma que solía ser en el pasado, con encuentros y tiempo compartido. En ese entonces, había una relación laboral muy intensa con Cantero, por razones de la gestión pública.
El juez Ercolini ha asegurado los bienes de los imputados para preservar su patrimonio en caso de una posible condena. Sin embargo, esta medida fue revocada por la Cámara Federal.
En total, hay alrededor de 30 imputados en esta causa, entre personas, empresas y cooperativas. Se investiga el papel de estas cooperativas, que aparecen como propietarias de autos de lujo que eran utilizados por funcionarios con el permiso de estas empresas.
Hasta el momento, el juez Ercolini cuenta con el decreto de Alberto Fernández que obligaba a contratar pólizas con Nación Seguros, los convenios con los brokers involucrados y un análisis que indica que se cobraron comisiones por un total de 3250 millones de pesos en cuatro años.
Ercolini cuenta también con el contenido de los teléfonos celulares y las computadoras de los investigados, y espera completar el análisis de las comunicaciones para decidir si avanza con las declaraciones indagatorias.
