Proyecto de Ley Ómnibus y su propuesta para la privatización de empresas estatales
El proyecto de ley ómnibus abarca una serie de propuestas, entre las que se destaca la posible privatización del Banco Nación, TV Pública y Arsat. Estas entidades forman parte de una lista de casi cuarenta empresas de origen estatal o con una mayoría de acciones públicas, sobre las que el Gobierno podría ceder control, ya sea parcial o total.
La controversia en torno a la privatización de empresas estatales
La posibilidad de la privatización de estas empresas estatales es uno de los temas más debatidos de la ley ómnibus que el Gobierno espera aprobar en el Congreso. Si bien la lista original de 40 empresas estatales o de participación mayoritaria estatal disponibles para privatización ha sufrido modificaciones durante las negociaciones del texto final, todavía incluye a muchas entidades importantes.
Impacto en los medios públicos y otras empresas estatales
A pesar de las modificaciones, los medios públicos, junto con otras empresas estatales, siguen en la lista. Esto incluye a Radio y Televisión Argentina S.E., que se encarga de la gestión de la Televisión Pública, Radio Nacional, Canal 12 TV Pública Regional y el servicio Radiodifusión Argentina al Exterior. La Agencia Télam también podría ser vendida si se aprueba el proyecto de ley.
La oposición ha argumentado que cualquier privatización debe ser considerada individualmente y pasar por la comisión bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. Sin embargo, los informes de esta comisión no son vinculantes, lo que ha llevado a algunos legisladores a buscar otros métodos de supervisión para estos procesos.
El futuro de las empresas estatales bajo la ley ómnibus
Además de los medios públicos, la intención de privatizar decenas de empresas estatales aún persiste. Esto incluye a entidades tan variadas como Ferrocarriles Argentinos, Aysa (Agua y Saneamientos Argentinos), Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Fabricaciones Militares, entre muchas otras.
La sección de privatizaciones ha sido una de las áreas en las que el gobierno ha tenido que hacer concesiones para garantizar la aprobación de la ley. Al margen de la privatización, también se ha retirado el capítulo fiscal del proyecto legislativo, que incluía una reducción de los bienes personales, una moratoria y otros puntos. Se ha propuesto la eliminación de la declaración de emergencia social y de defensa, así como la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria, entre otros aspectos de la ley, que aún comprende más de 300 páginas en las que se derogan o modifican cientos de leyes.
