Revocada la apelación del Gobierno por falta de justificación jurídica
Debido a un error técnico, la Cámara Nacional de Trabajo anuló la apelación del Gobierno, cuyo objetivo era escalar hasta la Corte Suprema en un caso iniciado por la CGT contra el aspecto laboral del DNU. Carolina Soledad Maidana, la abogada, no logró demostrar adecuadamente la personería jurídica de la Procuración del Tesoro, lo que llevó a la Cámara de Apelaciones del Trabajo a revocar el envío del recurso extraordinario.
La representación legal no respaldada lleva a la revocación de la apelación
Según la notificación de la cámara laboral, la abogada Maidana “no presentó la documentación adecuada para respaldar la representación que ella afirma tener y tampoco alegó ninguna incapacidad para proporcionarla”. La apelación se anuló, pero el Gobierno tiene 48 horas para corregir el error, ya que el miércoles es la fecha límite establecida por la justicia para que el Poder Ejecutivo presente el recurso extraordinario. Si la Procuración del Tesoro no rectifica el error antes del vencimiento del plazo, la apelación se considerará nula. Este es un recurso extraordinario con el que el oficialismo espera que la Corte Suprema sea la que decida el conflicto.
El Gobierno desea que la Corte anule la decisión de la Cámara del Trabajo
El Gobierno aspira a que la Corte examine y anule el fallo de la Cámara del Trabajo que, mediante una medida cautelar, suspendió los efectos del DNU en relación con el ámbito laboral. Los jueces Andrea García Vior y Alejandro Sudera tomaron la decisión de otorgar la medida cautelar, con la disensión de la tercera miembro del tribunal, María Dora González. La decisión de la Cámara del Trabajo fue el primer obstáculo que los tribunales impusieron a los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
Si el Gobierno corrige el error y supera este obstáculo técnico, la Cámara puede aceptar el recurso de Barra y enviarlo a la Corte Suprema o, simplemente, rechazarlo. En este caso, el oficialismo podría insistir con un nuevo recurso de queja.
En el fallo que dictó la medida cautelar y suspendió los efectos del DNU, García Vior y Sudera argumentaron que la necesidad y la urgencia no estaban debidamente justificadas en el decreto. “Las formas republicanas no son mera retórica, sino que hacen a la esencia misma del sistema”, advirtió el fallo.
González, la disidente, solicitó que el expediente se tramitara en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso. En esta línea interpretativa se apoyaba el oficialismo, que entendía, al igual que el fiscal general de la Cámara laboral, Juan Manuel Domínguez, que la justicia laboral no tiene jurisdicción. El plan de Barra era que el fuero contencioso se hiciera cargo de la causa promovida por la CGT.
