La decisión sobre el decreto de Javier Milei está en manos del juez Enrique Lavié Pico
El destino del decreto de emergencia y urgencia implementado por Javier Milei está ahora bajo la responsabilidad del magistrado de feria del fuero contencioso administrativo federal, Enrique Lavié Pico. Se espera que para la próxima semana o, a más tardar, durante la segunda mitad de enero, el juez esté en posición de determinar si el decreto se mantiene vigente o no. Este juicio no sólo se basará en la medida cautelar, sino también en el núcleo de las demandas que se están procesando en el fuero.
Actualmente, se encuentra en suspensión el apartado laboral del DNU, es decir, los apartados que regulan las modificaciones en las condiciones de despido, la financiación de los sindicatos, las asambleas, el período de prueba y la licencia por maternidad, entre otros aspectos. Esto permanecerá en suspenso hasta que se resuelva el asunto principal de la demanda y, en su caso, el fallo de la Corte.
La Cámara del Trabajo y la suspensión del DNU
La Cámara del Trabajo decretó la suspensión del DNU en respuesta a las demandas promovidas por las dos principales centrales obreras: la CGT y la CTA. Este fallo contó con el apoyo de los jueces Alejandro Sudera y Andrea García Vior. Aunque Sudera se aleja del peronismo, que es la mayoría en el fuero, y tiende hacia el liberalismo, contó con el apoyo de García Vior, quien tiene inclinaciones peronistas.
Los expertos critican que los fallos apuntan a un perjuicio abstracto en lugar de uno concreto, y que se emitieron en medio de un conflicto de competencias. Además, se debate si un trabajador despedido recientemente puede beneficiarse de la suspensión del decreto o si debe solicitar específicamente la inconstitucionalidad para su caso.
Implicaciones legales y la visión del Gobierno
Sin embargo, el Gobierno ha anunciado que el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, presentará un recurso extraordinario para intentar que la Cámara lo conceda y así llegar a la Corte para resolver sobre el DNU. La Corte ya tiene en sus manos un caso en el que se cuestiona la constitucionalidad del DNU, presentado por el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela, pero ha declarado que tomará una decisión en febrero.
En el fuero contencioso administrativo federal, especializado en evaluar la legalidad de las normas administrativas, el juez de turno de enero, Enrique Lavié Pico, habilitó la feria judicial a pesar de la opinión del fiscal Miguel Ángel Gilligan.
Al desmantelar lo que había organizado su colega Esteban Furnari, Lavié Pico puede emitir un fallo y permitir que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo se pronuncie antes de fin de mes. Un fallo de la Cámara podría resultar en una victoria para el Gobierno, un resultado que el procurador Rodolfo Barra, un conocido litigante en el fuero contencioso administrativo federal, está buscando.
