El Gobierno promulga el Decreto de Necesidad y Urgencia: El inicio del trámite parlamentario
En cumplimiento de los plazos legales establecidos, el Gobierno ha promovido esta tarde el envío del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 79/2023 al Congreso. Tras este acto, se inicia oficialmente el período de diez días hábiles reglamentarios durante el cual la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, aún sin constituir, deberá emitir un dictamen en relación al amplio decreto que fue promulgado por Javier Milei.
A día de hoy, el objetivo del Gobierno es manejar el calendario de discusión parlamentaria y prolongar los plazos. Implícitamente, la cima de los libertarios espera que el decreto tenga el mismo destino que los DNU de Alberto Fernández, los cuales no fueron tratados por el Congreso y, por ende, confirmados.
Todas las acciones llevadas a cabo por el Gobierno hasta la fecha han estado orientadas en esa dirección. Milei no incluyó el DNU en la agenda de las sesiones extraordinarias (convocadas entre el 26 de diciembre y el 31 de enero). Esto le permitiría ganar tiempo, al menos hasta marzo, según fuentes gubernamentales, quienes sostienen que los plenos de las cámaras no podrían abordarlo este mes. Además, el Poder Ejecutivo esperó hasta el último de los diez días de plazo para enviar formalmente el texto al Congreso.
El papel clave del Congreso en la promulgación del DNU
El Secretario de Relaciones Parlamentarias, Omar De Marchi (subordinado a la Jefatura de Gabinete), remitió esta tarde el DNU al Senado, acompañado de una nota dirigida a la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Después de este trámite administrativo, Milei, quien trabajaba en ese momento en la Casa Rosada, partió hacia la Antártida.
Los allegados a Milei sostienen que la llave para controlar mejor el trámite del DNU es asegurar la presidencia de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo a un senador de La Libertad Avanza (LLA). Se prevé que dicho puesto sea ocupado por el senador de La Rioja, Juan Carlos Pagotto. Sin embargo, la comisión (que debe estar compuesta por ocho diputados y ocho senadores) ni siquiera se ha constituido porque en la Cámara de Diputados, Unión por la Patria (UP) reclama cuatro asientos y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, solo desea otorgar tres asientos a ese bloque opositor.
“Plan B”: Una nueva estrategia en consideración
En las últimas horas, sin embargo, surgió una nueva estrategia que algunos consideran contraria a la que ha estado llevando a cabo el Gobierno: en lugar de posponer el tratamiento del DNU, se busca avanzar con un dictamen de mayoría favorable para dar mayor respaldo político al instrumento de Milei, que ha enfrentado numerosos cuestionamientos públicos y alegatos judiciales de inconstitucionalidad. Según pudo conocer LA NACION, hubo diputados afiliados a La Libertad Avanza que propusieron esta idea en una reunión reciente en la Casa Rosada. En Balcarce 50 tomaron nota.
“Es cierto, algunos sugieren que debemos emitir un dictamen. El problema es si tenemos los votos, no solo en la comisión bicameral, sino en los plenos para que el oficialismo impulse el debate”, confirmó uno de los colaboradores más cercanos del presidente. Aquellos que promueven la idea de buscar un dictamen de mayoría favorable están mirando de reojo a los tribunales: creen que, con un primer respaldo político del Congreso, los jueces que tengan que fallar sobre el DNU entenderán que el parlamento ya está abordando el tema y que, por consiguiente, el Poder Judicial no tiene motivos para intervenir.
En el Congreso, Villarruel ya ha definido los nombres que compondrán la comisión bicameral (dejando solo tres asientos al kirchnerismo), mientras que en la Cámara de Diputados las negociaciones sobre los asientos han estado dificultando el proceso. “La instrucción que tenemos es la de avanzar siempre midiendo el clima político y en sintonía con la Cámara de Diputados y la Casa Rosada”, dijeron fuentes cercanas a Villarruel tras recibir la notificación de De Marchi.
El mandato que emana de la Casa Rosada a Menem es que se dé prioridad a la constitución de las comisiones que debatirán el proyecto de ley ómnibus (que Milei quiere que se trate durante enero) y que se trate el DNU con otra velocidad y “con mayor tranquilidad”.
Según la Ley 26.122 -que establece el procedimiento que deben seguir los DNU- una vez que el decreto ha sido enviado al Congreso, la comisión bicameral “presentará su informe dentro de un plazo de diez días al pleno de cada Cámara para su tratamiento expreso, que será considerado inmediatamente por las Cámaras”. Si la bicameral no emite un dictamen en diez días -como ha ocurrido con DNU anteriores- el procedimiento puede continuar porque los plenos de la Cámara de Diputados y del Senado estarán facultados para avanzar, cada uno por su cuenta, con el “tratamiento expreso e inmediato del decreto”.
Las cámaras solo pueden aceptar totalmente o rechazar el DNU, no pueden tratarlo en particular. Para que el decreto quede sin efecto, ambas cámaras deben pronunciarse y rechazarlo. Si una cámara no se pronuncia o lo aprueba, el instrumento permanece vigente.
