Con el consentimiento del presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, avanza con las medidas que prometió implementar para desalentar las movilizaciones callejeras y encara la segunda etapa de su plan antipiquetes. Además de procurar mantener las calles libres durante las manifestaciones, la estrategia de la ministra, plasmada en el protocolo presentado hace una semana, contempla iniciar acciones para, por un lado, identificar a los manifestantes que infrinjan la ley y, en caso de que tengan un plan social, privarlos del beneficio, y por el otro, trasladar el costo del operativo policial a las organizaciones políticas y sociales que promuevan y participen de las movilizaciones.
“Estamos estimando costos y terminando la identificación”, deslizan en el entorno de la ministra, en línea con lo anunciado este jueves por Manuel Adorni en su conferencia de prensa. “En caso de que sean beneficiarios de planes sociales [vamos a proceder] a quitárselos tal como se ha prometido”, sostuvo el vocero presidencial, que además ratificó que los costos del operativo, que implicó movilizar a la Policía Federal, a la Gendarmería, a Prefectura y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), recaerán sobre las organizaciones: “Cuando se termine de cuantificar en las próximas horas se le va a pasar la factura a cada una de las organizaciones”.
Sin embargo, todavía no hay precisiones sobre cómo se pretende repartir esos costos entre las organizaciones sociales. Pero sobre todo, la viabilidad de este segundo tramo del proyecto de Bullrich es puesta en duda por dirigentes de izquierda, abogados de organizaciones sociales y especialistas en seguridad, que ven que las chances de que estas medidas prosperen son escasas.
“Es de muy difícil materialización”, explica un experto en Seguridad, con mucho roce con la gestión pública. “Las caras que se captan por la videovigilancia las podés chequear contra una base de datos de pedidos de captura, no chequearla contra la identidad de las personas”, agrega. “Judicialmente es fácilmente atacable. Solamente lo podés identificar si está cometiendo una contravención, falta o delito”, puntualiza. Sobre este último punto se refirió la ministra Bullrich, quien señaló en múltiples ocasiones que cortar la calle está tipificado en el artículo 194 del Código Penal, que pena con hasta dos años de prisión a quien “estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire”.
Entre los costos del operativo que el gobierno planea cargarle a las organizaciones sociales están los logísticos, como el combustible, y los relativos a los sueldos de los efectivos, como la carga de servicio extra. La misma fuente también enseña sus dudas en este sentido. “Es una cuenta difícil de auditar. Es poco claro cuando hacés un operativo de estas características cuál es el costo adicional que te genera. Las horas que podés computar como costo de oportunidad de todo el elemento movilizado no son claras”, explica.
Aunque esperan ver los “movimientos concretos”, en las filas de las organizaciones sociales y políticas que participaron este miércoles de la primera gran movilización contra el Gobierno, proyectan respuestas judiciales a los posibles movimientos del gobierno.
“Si son resoluciones administrativas, una vía puede ser el amparo, por todas las ilegalidades que tendría la medida”, señala Claudia Ferraro, abogada del Polo Obrero. “Desde vulneración de derechos adquiridos hasta nulidad por utilizar identificación por las cámaras cuando en CABA sigue vigente una medida cautelar que impide su utilización”, señala. Es que en abril del año pasado, un fallo del juez Roberto Gallardo, recordado, entre otras polémicas, por intimar al exjefe porteño Horacio Rodríguez Larreta a retirar a la Policía de la Ciudad del domicilio de la expresidenta Cristina Kirchner, suspendió el sistema de reconocimiento facial de la ciudad de Buenos Aires, medida que, meses más tarde, sostuvo ante una cautelar que presentó el gobierno porteño. “Dependerá del instrumento por el cual toman esas medidas”, insiste la letrada del Polo Obrero.
Los referentes políticos de algunas de las organizaciones que este miércoles marcharon a Plaza de Mayo, expresaron su rechazo a las medidas que impulsa la ministra Bullrich para recortar el poder de fuego de los movimientos sociales. Especialmente, a esta segunda etapa del protocolo antipiquetes.
“Es otra estafa ilegal”, apunta Néstor Pitrola, dirigente nacional del Partido Obrero, en referencia al intento del gobierno de hacerle pagar la “factura” a las movilizaciones. “Primero porque no hubo ningún piquete: se ejerció el derecho constitucional a la manifestación popular. En segundo lugar, el costo del descomunal operativo represivo y de amedrentamiento, con acciones ilegales como el espionaje de filmación o policías requisando colectivos por centenas, son gastos de la impronta represiva del gobierno que no puede ser adjudicarle a manifestantes”, completó.
“Por esa vía solo se podría movilizar y reclamar aquel que tiene plata para pagar la protesta”, agrega Gabriel Solano, dirigente también del Partido Obrero, que ayer marchó a la plaza histórica. “Equivale a cobrarle a una persona que va a votar una parte del costo del acto electoral porque votar y protestar son dos derechos consagrados en la constitucional nacional”, comparó. “La movilización de ayer fue una manifestación legal, por lo tanto el gasto que se hizo del operativo policial, que fue enorme, es exclusiva responsabilidad del gobierno”, cerró.
