En cada uno de los 366 artículos que componen el megadecreto de “Bases para la reconstrucción de la Economía argentina” se esconden intereses afectados. Las disposiciones modifican, para peor o para mejor, los “privilegios”, el funcionamiento y la rentabilidad de una veintena de sectores que entrarán en un proceso de reforma profunda a partir de la entrada en vigencia del DNU (en ocho días) y de la reglamentación de sus partes. Sindicatos con menos recursos, proveedores estatales que dejarán de tener prioridad, obras sociales que empezarán a competir, propietarios que podrán vender sus tierras y supermercados que tendrán menos controles son algunos de los ejemplos de los ganadores y perdedores de las primeras medidas de esta gestión.
Perdedores
Sindicatos
La CGT ya está en alerta y comienza a barajar un paro nacional. El DNU incluye derogaciones de normas que los gremios consideran baluartes del poder que ejercieron alrededor de las décadas y del gobierno del Frente de Todos, como la doble indemnización implementada durante la cuarentena estricta para evitar que se desplomen las cifras de empleo. Pero también toca sus cajas: la libre elección de las obras sociales podría provocar movimientos de éxodo de una de las principales fuentes de ingresos de los sindicatos.
Por otra parte, se dispuso que el trabajador tiene que dar consentimiento explícito al pago de cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores en virtud de normas legales o provenientes de las convenciones colectivas de trabajo o que resulte de su carácter de afiliados a asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial o de miembros de sociedades mutuales o cooperativas así como por servicios sociales y otras prestaciones que otorguen esas entidades. No hay más obligación de pagar aportes al gremio. En Brasil, una reforma laboral de características similares a la implementada a través del DNU provocó caídas a mínimos históricos en este aspecto. Alarmas en la central gremial.
También hay cláusulas particulares que afectan a ciertos gremios, como es el caso del de neumáticos -altamente conflictivo en los últimos años, con paros que derivaron en un desabastecimiento del mercado-, ya que se derogó la ley que prohibía la importación de las llantas recauchutadas y usados, entre otros límites.
Proveedores estatales
Hay empresas que se diseñan específicamente para la provisión de productos y servicios al Estado. En las licitaciones de alimentos, son siempre las mismas oferentes. Su negocio está parcialmente garantizado por los filtros burocráticos de ingreso al sistema de proveedores, que se refuerzan con condiciones en los pliegos particulares que inclinan la balanza en contra de nuevos competidores. La ley de compre nacional, derogada por el DNU, era una de esas trabas. Para algunos, sin embargo, era una norma diseñada para el desarrollo de la industrialización y sustitución de importaciones al fomentar el valor agregado local.
Implicaba prioridades a la industria nacional en las compras que haga el Estado, sus concesionarios, licenciatarios y permisionarios de servicios públicos, lo que incluía empresas a las que les fue delegada la energía, telecomunicaciones u obra pública. Establecía que, para prestaciones similares o idénticas, cuando el precio que propongan las empresas difiriera en hasta un 15% entre las ofertas de bienes de origen nacional o importados, se optará por el primero. Similares lineamientos se establecieron para pymes. Ahora comenzará una competencia por valor más intensa.
Dueños de registros automotores
Hay cerca de 1560 registros de la propiedad automotor en el país. Se los ha apuntado por distribuirse a exfuncionarios, amigos, familiares y conocidos como favores políticos. Cobran 43 aranceles para transferir un vehículo y la forma de tramitar está atrasada en el proceso de digitalización. Por considerarlos uno de los “curros de la casta” Milei fue contra ellos aunque no desarticulo el sistema por completo. El presidente prometió cerrarlos, eliminar el impuesto al sello, los aranceles de patentamientos y costos de transferir, pero eso todavía no ocurrió.
El DNU implica una simplificación de los trámites, la suspensión del requerimiento de pago de deudas (multas o patentes) para transferir y el vencimiento de la cédula. La medida parecería un primer paso a el cierre de una estructura, aunque todavía no ocurrió.
Aduana y despachantes
El decreto elimina el registro de importadores y exportadores, lo que significa que no se requerirá de matrículas ni de despachantes de aduana para oficializar permisos, sino que serán opcionales. Además, se apunta a una simplificación del proceso y a la digitalización de las autorizaciones que tienda a dar mayor transparencia a la aprobación o denegatoria de las operaciones, sospechadas hace décadas de habilitar acomodos. Uno de los cambios más significativos tiene que ver también con la eliminación de la determinación de capacidad económica para importar y con la posibilidad de oficializar de forma anticipada los permisos, a fin de entender que clasificación arancelaria se le dará a la mercadería, para reducir las sorpresas cuando llegan a destino e inspección.
Obras sociales y farmacéuticas
El principal cambio para las obras sociales es que entrarán en competencia directa con las prepagas, ya que se eliminan las trabas para la libre elección de la medicina privada. Esto implica que no funcionarán como intermediadoras de los aportes de los trabajadores ni que ellos deberán dedicar parte de su salario a las mismas. Las farmacéuticas, por su parte, entrarán en un esquema similar ya que los médicos deberán recetar las drogas genéricas en vez de medicamentos específicos, aunque esto podría llevar a problemas entre los afiliados debido a que el tratamiento para algunas enfermedades o la reacción de los pacientes tienen mejores respuestas con ciertas marcas particulares
Ganadores
Bancos
Los bancos y las fintechs están sumergidas en una feroz pelea desde que comenzó a crecer el pago con QR y a partir de que las billeteras virtuales crecieron en la absorción de fondos provenientes de cajas de ahorro a los money markets con intereses. Un paso hacía una mayor competencia parecería a simple vista ser que se modificó la ley de tarjetas de crédito, que ahora establece que las entidades emisoras pueden ser de cualquier naturaleza con ese fin. Sin embargo, en el sector aclaran que las tecnológicas ya podían emitir plásticos de este tipo.
El mayor cambio para las entidades bancarias tiene que ver con las tasas e intereses, que ahora no tienen topes, por lo que pueden ponerlos en el porcentaje que deseen (con precaución de limites que podría establecer la Justicia). La ley regulaba que los intereses punitorios a quien no pagare el mínimo de la tarjeta no podían superar el 50% a los aplicados por la institución financiera. Este punto se derogó, aunque sigue vigente que estos intereses no son capitalizables. También se flexibilizaron los aranceles de comisiones u otros cargos a distintos comercios y las tasas de financiación.
Prepagas
Las prepagas podrán recibir un afluente de afiliados a partir de la libre elección de los trabajadores respecto de la medicina privada y, además, tendrán una recomposición de ingresos estimada en hasta un 60%-80% por la eliminación del indice de costos de salud que pautaba, con intervención del Estado, los porcentajes de aumento mensual.
Telecomunicaciones y Elon Musk
Por un lado, las empresas de telecomunicaciones se verán beneficiadas porque el Gobierno no se inmiscuirá en la determinación de precios y debido a que se eliminaron las limitaciones en el orden nacional para las licencias. Tenían como condición para su otorgamiento y continuidad de su vigencia no ser acumuladas con otras de servicios propios de distinta clase o naturaleza. Sin embargo, este DNU habilita el ingreso de competidores internacionales que podrían reducir los costos para los clientes
